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Cuarenta años de despilfarro e irresponsabilidad

Es importante tomar en consideración que un subsidio es una ayuda extraordinaria por parte de la administración pública para estimular la demanda de un bien o proteger a un colectivo. Es decir, que los subsidios no pueden ser parte de una política pública permanente (Pedrosa).


En conclusión, los subsidios son considerados como estímulos transitorios para incentivar el consumo de un bien o como asistencia social dirigida a sectores de bajos ingresos. Por consiguiente, es un contrasentido haber mantenido por más de cuarenta años el subsidio a los combustibles fósiles estimulando el consumo de bienes considerados contaminantes y propiciando el comercio ilícito.


En este período, la población ecuatoriana ha mejorado en promedio su patrimonio, tanto es así, que el índice de vehículos por persona se ha incrementado de manera importante a nivel nacional, lo que ha contribuido a desmejorar la calidad del medioambiente de las ciudades afectando la salud de los ciudadanos y haciendo peligrosas las carreteras. Es decir, el subsidio a los combustibles no solamente hay que evaluarlo por el lado de los costos económicos, sino además por los costos sociales que ocasionan debido a su utilización.


Una política de precios reales tendrá incidencia directa en el consumo de combustibles y en su calidad, reduciendo la contaminación y mejorando la salud. De acuerdo a un estudio del BID, por cada $9 dólares de subsidio al diésel, solamente $1 llega al quintil más pobre de la sociedad. Por lo cual es un subsidio injusto, regresivo, que beneficia a los que más tienen.


Además, estudios demuestran que el costo de la contaminación y de los accidentes en carreteras y ciudades del país son equivalentes a 1.6 veces mayor que el costo fiscal de los subsidios. Así mismo, el subsidio, es decir el diferencial entre el precio de los combustibles importados en el Ecuador y los de Colombia, Perú y en altamar, han estimulado la fuga de combustibles beneficiando económicamente a micro y grandes organizaciones delictivas en detrimento de la población en general.


Los asesores del movimiento indígena manifiestan que el control del contrabando es tarea de la fuerza pública, suponiendo que ese servicio es gratuito. Desde el año 2007 hasta el mes de julio del presente año, el Estado ecuatoriano ha destinado $40.439 millones de dólares para importar gasolinas y diésel para el consumo interno, y el sacrificio fiscal en ese período ha sido de $21.198 millones de dólares que han sido cubiertos con deuda pública y mayores impuestos. Por lo tanto, sería oportuno que el movimiento indígena y sus asesores, en su llamado plan económico en vez de estar planteando mayores impuestos para que continúe el subsidio y el contrabando de combustibles, efectúe un análisis del impacto social y económico que hubieran tenido esos recursos si se hubieran invertido para mejorar la infraestructura económica y social del país. Es decir, en mejorar el bienestar de los ecuatorianos y de las futuras generaciones.


Se ha puesto a pensar la dirigencia indígena y sus asesores, que de haberse eliminado el subsidio a los combustibles se hubiera podido construir las hidroeléctricas, las carreteras, los hospitales, los centros de salud, las plataformas de oficinas, las escuelas y demás inversiones públicas sin necesidad de adquirir más deuda y crear impuestos.


Todas las inversiones realizadas en el gobierno de Correa se las hicieron con créditos externos onerosos, a corto plazo y con sobreprecios, que los ecuatorianos estamos pagando. En el caso del petróleo se ha comprometido gran parte de las exportaciones hasta el año 2024, por lo cual el gobierno no puede contar con esos recursos para financiar el gasto público. ¿En dónde estaba el movimiento indígena cuando se empeñaba y saqueaba al país?.


Es hora de recuperar la sensatez y reconocer que la orgía fiscal de los últimos 12 años concluyó y que la cuenta hay que pagarla. El Gobierno actual al no poder reducir el gasto corriente por razones políticas, decidió cortar dramáticamente el gasto de inversión afectando el crecimiento. Los ingresos no cubrían los gastos lo que ocasionó que el Gobierno salga a los mercados a colocar más deuda cuando el FMI había declarado meses atrás que el paquete financiero que acompañaba al programa económico negociado con Ecuador era suficiente para evitar más endeudamiento.


Ante esta situación, y luego de meses de incertidumbre sobre el contenido de las medidas económicas que iba a adoptar el Gobierno, se anunció la eliminación del subsidio a las gasolinas y diésel, por lo cual el país ahorraría alrededor de $1.500 millones al año. Esta medida se la adoptó en sustitución al aumento de tres puntos del IVA lo que hubiera causado un freno adicional al consumo, al crecimiento y al empleo.


Una vez anunciada las medidas, ardió Troya. En acciones muy bien planificadas, fueron los transportistas, utilizados como punta de lanza, los primeros en paralizar sus actividades a nivel nacional. Inmediatamente, la dirigencia indígena que representa a una minoría étnica en el país, decidió acompañar las protestas lo que aprovechó la bien organizada banda terrorista correista para vandalizar la protesta y destruir todo lo que se ponía a su paso.


El Gobierno, puesto de rodillas, no le quedó otra alternativa que tragarse los vejámenes y los insultos a los que fue sometido y como si no pasaba nada, instauró una mesa de diálogo para que la dirigencia indígena, tomándose la representación del pueblo ecuatoriano que no la tiene, le plantee la derogatoria del decreto que eliminó los subsidios a las gasolinas y el diésel.


El gobierno cedió ante la presión de los dirigentes ataviados con plumas y dibujos en las caras para demostrar que estaban en pie de guerra, y decidió conformar una comisión para redactar un nuevo decreto. Los autonombrados representantes del pueblo ecuatoriano a pesar de representar solamente el 7% de la población han elaborado un llamado plan para supuestamente cambiar el modelo económico.


Envalentonados por los sucesos, no solamente que se creen representantes de todos los ecuatorianos sin haber sido elegidos para desempeñar esa función, sino que amenazan a nombre del pueblo ecuatoriano con la reacción del pueblo en caso de que se emita un nuevo Decreto sobre cuyas consecuencias dicen no se harán cargo por ser una decisión irresponsable.


Con respecto al documento publicado por el llamado “Parlamento de los Pueblos, Organizaciones y Colectivos Sociales”, que lo suscriben cinco personas, en donde se pretende incrementar la carga tributaria sin consideraciones técnicas, su contenido se comentará en una próxima entrega. Mientras tanto que continúe la fiesta hasta que la música se acabe y el último que salga que apague la luz.

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