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El síndrome del NO

La situación económica del país es crítica. Basta con acceder a las cifras oficiales para comprender que existen profundos desequilibrios financieros que ponen en peligro la precaria estabilidad social existente.


El Gobierno, en su afán desesperado para atenuar la situación, ensaya varias acciones. Promulgó un decreto eliminando el subsidio a las gasolinas y al diésel con el objetivo de recaudar mayores recursos. La respuesta de los que dicen no a toda propuesta que no emane de su interior, derivó en violentas protestas que pusieron en peligro la estabilidad política del país.


A través de los medios de comunicación, los ciudadanos vimos en vivo y en directo cómo grupos violentos dirigidos por una minoría étnica bien organizada, destruían e incendiaban bienes públicos y privados. Los desmanes se incrementaban con el pasar de los días al observar los movilizados que la fuerza pública no iba a actuar con severidad para detener el vandalismo. Mientras tanto, actores políticos manifestaban públicamente que la medida afectaba a los más pobres y que por lo tanto debía derogarse.


No importaban los argumentos que ponían en evidencia que el subsidio a los combustibles estaba beneficiando a los sectores más pudientes y a las organizaciones criminales que se encargan de vender ilegalmente los combustibles subsidiados a los países vecinos cuyos precios internos son muy superiores a los de nuestro país.


El síndrome del no se impuso y el gobierno tuvo que dar marcha atrás. La respuesta inmediata del gobierno fue el de enviar a la Asamblea un proyecto de ley de más de 400 artículos que reformaba 22 leyes para que sea aprobado en 30 días. Sin lugar a discusión la estrategia del gobierno fue equivocada, el proyecto no tenía ni siquiera el consenso de los funcionarios públicos cuyas instituciones se verían afectadas con las reformas.


Mientras esto ocurría los sectores que viven en permanente negación se opusieron al proyecto, sin hacer esfuerzos para encontrar una salida que permitiese aprobar los artículos que tenían consenso. Finalmente el síndrome del no se impuso y el proyecto se archivó. Esta realidad se reflejó inmediatamente en la brusca alza del riego país que es el indicador que mide la capacidad de un país para honrar sus compromisos externos, y que establece a su vez el costo financiero que se debe pagar en nuevas emisiones.


Ante la posibilidad de que el acuerdo suscrito con el FMI se caiga, el gobierno envió de inmediato un proyecto de ley tributario para generar ingresos extras, aunque insuficientes para cubrir la brecha de financiamiento. Inmediatamente los que se oponen a toda reforma hicieron escuchar su voz manifestando que el gobierno no contaría con sus votos en la Asamblea porque se están creando más impuestos. La propuesta alternativa según ellos, es la de reducir el gasto público, renegociar la deuda externa, focalizar subsidios, con lo cual todos los actores políticos están de acuerdo, pero hay que entender que son acciones cuyos resultados no son inmediatos, y el problema del país requiere de urgente solución.


Cuando se produjo el terremoto en el año 2016, los ecuatorianos solidarios con las personas afectadas, aceptaron pagar impuestos adicionales para cubrir los gastos de la reconstrucción. Hoy ese espíritu de solidaridad debería hacerse presente aceptando pagar contribuciones adicionales, ya que la crisis actual está afectando a todos los ecuatorianos, especialmente a los más vulnerables, por lo cual, hay que generar recursos adicionales para evitar que la misma se profundice.


Por lo tanto, en la actual coyuntura el gobierno debería considerar elaborar una propuesta que contenga un conjunto de medidas tributarias temporales, que sean progresivas, y que vayan a la par con la meta de reducir el tamaño del Estado, para que una vez logrado el objetivo, que podría ser de cuatro años, se eliminen las contribuciones extraordinarias. Ante el síndrome del no, se requieren propuestas alternativas que convoquen a la solidaridad a partir de la realidad. El proyecto presentado por el gobierno a la Asamblea es insuficiente para corregir los desequilibrios financieros.

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