Estabilidad Fiscal y Crecimiento Económico
Desde la caída del precio del precio del petróleo en el año 2014, el modelo económico prevaleciente por 12 años, que dependía del gasto público para estimular la economía, comenzó a debilitarse. En vez de tomar correctivos y cambiar de estrategia, el gobierno actual
decidió continuar implementando las mismas políticas aplicadas por el gobierno anterior, sustituyendo la baja de los ingresos petroleros por deuda pública.
Los déficits presupuestarios ocasionados por el elevado gasto público, demandaban altas necesidades de financiamiento por lo cual se acudió al endeudamiento agresivo incrementando el monto de la deuda pública que en el año 2007, año en que ascendió al poder el anterior presidente, se encontraba en niveles bajos.
De esta forma, se colocaron bonos en los mercados internacionales a altas tasas de interés y a plazos cortos, se pignoró el petróleo a favor de compañías chinas y tailandesas hasta el año 2024, sin que se conozca hasta la fecha las condiciones de los contratos ya que fueron catalogados como reservados, se hicieron operaciones de derivados financieros poniendo como garantía el oro monetario de la reserva internacional, y bonos del Estado por el doble del préstamo acordado, por consiguiente, la deuda pública rebasó el límite establecido por la ley. Por falta de tiempo, el gobierno anterior no pudo vender o concesionar los activos que forman parte del patrimonio nacional, para continuar con la demencial política de endeudamiento público para alimentar el desbocado gasto.
Simultáneamente, el Ejecutivo, a fines del 2014, presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley denominado Código Orgánico Monetario y Financiero que entre otras cosas, facultaba al Banco Central del Ecuador financiar al gobierno mediante la adquisición de bonos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas y a triangular con las instituciones financieras públicas para financiarles la compra de papeles del Estado. Esos dineros fueron tomados de la reserva internacional, bajando la cobertura de los pasivos exigibles sustituyendo la liquidez de la reserva por papeles que no tenían un mercado adecuado para negociarlos.
El actual gobierno durante su primer año y medio continuó con la misma política que el anterior, manteniendo los niveles de gasto lo que demandaba mayores necesidades de financiamiento por lo cual la deuda externa continuó aumentando hasta que la situación se hizo insostenible al tener que pagar altas tasas de interés a plazos inadecuados. Todo este desbarajuste fiscal y financiero, quiere ser corregido mediante un brutal ajuste fiscal con el objetivo de equilibrar las cuentas públicas en un lapso no mayor de tres años. Para lo cual, el gobierno ha suscrito con el FMI un acuerdo financiero en donde se establecen metas de cumplimiento para pasar de un déficit primario no petrolero a un superávit en el 2021, que como resultado, el nivel de la reserva internacional se incrementará y la deuda pública no crecerá.
Como consecuencia del ajuste, en el memorándum de políticas suscrito con el FMI, se proyecta para los próximos tres años, un magro crecimiento económico que llega a la irrisoria cifra de 0,3% en promedio. Esto significa, que la economía crecerá por debajo del crecimiento de la población disminuyendo el ingreso per cápita y por debajo del crecimiento de la población en edad de trabajar, por lo cual no se podrán crear nuevas plazas de trabajo para dar cabida a la fuerza laboral que entra al mercado y aquella que se encuentra en la informalidad.
Esta situación no es sostenible ni social ni políticamente, por lo cual la estabilización fiscal debe de ir más allá del ajuste y contemplar políticas que permitan la recuperación de la economía. En este sentido, el país necesita de una reforma tributaria que a su vez que elimine una serie de impuestos distorsivos como el anticipo al impuesto a la renta, el impuesto a la salida de capitales, el impuesto verde, los impuestos a los consumos especiales, que gravan a una serie de productos y servicios que no tienen nada de especial y que además ya están gravados con el IVA.
La eliminación de estos impuestos afectará las recaudaciones en el muy corto plazo, recuperándose luego debido al crecimiento de la economía. Lo que se está planteando, tiene sus antecedentes en la reforma tributaria y arancelaria de los años 1988-1990, en donde se eliminaron cerca de cien impuestos, se bajaron las tarifas del impuesto a la renta y se subió la base imponible, se creó el impuesto a la renta corporativo, se sustituyó el impuesto a las transacciones mercantiles que era un impuesto en cascada por el impuesto al valor agregado, se creó el impuesto a los consumos especiales en sustitución de otros, para gravar única y exclusivamente a los productos considerados nocivos para la salud.
Estos tres impuestos, se constituyeron en la base de los ingresos tributarios. Así mismo, los aranceles se los bajaron drásticamente y se eliminaron los recargos creados a comienzo de la década de los ochenta. Se eliminaron las restricciones cuantitativas que restringían el comercio exterior que fueron creadas con fines recaudatorios. Mientras se trabajaba en las reformas estructurales y en la baja de impuestos y aranceles, la economía que atravesaba por una profunda crisis, pasó de un crecimiento cero en el año 1989 a registrar tasas positivas de crecimiento en los años posteriores.
Por lo cual, una baja en la carga impositiva no hay que analizarla en función de los ingresos que se pierden, sino en el estímulo que generará para que la economía y el empleo se recuperen mientras la dinamia de la demanda interna se encarga de poner en orden las cuentas fiscales mediante la generación de más ingresos.
El ajuste fiscal sin crecimiento es perverso, ya que aumenta el desempleo y la informalidad. Por lo cual, la reforma económica debe de estar acompañada por una reforma laboral, que permita la creación de empleo adecuado, y abra oportunidades de trabajo a los jóvenes que entran a formar parte de la población económicamente activa y a los ciudadanos que en la actualidad se encuentran en la informalidad.