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Impuestos y Distribución

Durante los diez años del gobierno anterior se aumentaron impuestos, se crearon nuevos y se gravaron productos y servicios que estaban exentos del impuesto a los consumos especiales. Todas estas reformas fueron aprobadas por la legislatura sin observación alguna. Uno de los argumentos para meterle la mano al bolsillo a los contribuyentes, era que los impuestos creados y reformados gravaban a lo que más tienen, por lo cual, era equitativo y cumplía con el principio de que el más gana más paga.


Sin embargo, la teoría moderna de las finanzas públicas cuestiona la tesis de que la política tributaria ejerce su poder redistributivo al hacerle pagar más impuestos a los que tienen más recursos. Si esto fuera así, mantienen los teóricos, los problemas de inequidad se hubieran terminado hace mucho tiempo. Por lo tanto, argumentan que la redistribución de los ingresos opera a través de un gasto público eficiente y eficaz que llegue a todos los sectores y que beneficie a los menos favorecidos. Por lo cual, el gasto público debe ser de calidad, es decir transparente y que puede ser evaluado mediante parámetros que demuestren que se están cumpliendo los objetivos trazados.


La inversión en educación debe ser evaluada en base a indicadores de calidad que garanticen que los jóvenes se están preparando adecuadamente para enfrentar los retos del futuro, y los maestros a su vez se están capacitando permanentemente para actualizarse en los avances de la ciencia y la tecnología. Los resultados de la inversión en salud, debe ser evaluada en el cumplimiento de metas que hagan relación al mejoramiento de la calidad de los servicios y de la cobertura que debe tender a la universalización. La eficacia de la inversión en seguridad es de fácil medición para determinar si la delincuencia está siendo controlada. La inversión en vivienda, tiene sus propios parámetros de evaluación para establecer que los programas de vivienda están llegando a los sectores que no tienen techo propio.


Con planes y programas medibles que deben ser transparentados e informados a la sociedad sobre sus logros, se logrará mejorar la calidad de vida de los ciudadanos cumpliendo con el objetivo de redistribuir los impuestos que paga la sociedad. Es decir, los impuestos por sí mismos no logran la redistribución del ingreso, es a través del gasto público que se logra dicho objetivo.


Propuestas de crear más impuestos dirigidos por ejemplo a las empresas exitosas, rompen el principio de generalidad que determina la constitución al hablar sobre el régimen tributario. Tener como objetivo incrementar las contribuciones a los patrimonios, atenta contra la acumulación de capital que es la base para lograr el crecimiento de la economía y generar empleo.


Por otro lado, hay economistas que creen que los impuestos operan en la economía aritméticamente. Es decir, que si se sube en un 20% un impuesto el resultado será que los ingresos aumenten en la misma proporción, lo cual no es correcto, ya que los ingresos adicionales dependerán de la elasticidad del impuesto con respecto al ingreso disponible.


Por otro lado, la baja de un impuesto puede tener un impacto positivo en el consumo y en el crecimiento, pero para que esto se produzca se debe analizar cuál es la cobertura que tiene el impuesto sobre los bienes y servicios que se transan en la economía. En el caso del valor agregado que es un impuesto indirecto con una tasa del 12%, la recaudación efectiva sobre la oferta agregada ha sido en los últimos años un 5,0% en promedio. Por lo cual, existe un amplio margen para analizar las exenciones y exoneraciones que existen en la actualidad para incrementar los ingresos. Esta medida, debe de estar acompañada por la eliminación de impuestos distorsivos como el ISD, el anticipo del impuesto a la renta y los ICE que gravan a una serie de bienes que pagan IVA.


Haciendo la tributación de general aplicación, no habrá necesidad de crear más impuestos ni subir los ya existentes. Por lo cual debe quedar claro que la redistribución de los ingresos opera por el lado de un gasto debidamente financiado, asignado de manera eficiente, y no mediante la creación de más impuestos.

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