Se anuncian nuevas movilizaciones para exigir al gobierno que se congelen los precios de los combustibles. Políticamente puede resultar una movida beneficiosa para los promotores de las mismas. Sin embargo, como acontece muchas veces en nuestro país, no se presentan cifras sobre el impacto económico y social que ha tenido sobre el bienestar de los ciudadanos el haber mantenido el subsidio a los combustibles para que los organizadores con evidencias puedan justificar una movilización.
Las ingentes cantidades de recursos que se han destinado a mantener los precios internos de los combustibles por debajo de los precios internacionales han afectado directamente al gasto social y a la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Durante el período que va desde el año 2007 hasta el mes de abril del 2017, es decir en el gobierno de Rafael Correa, los subsidios a los combustibles ascendieron a la cifra de $23.011 millones de dólares. Durante ese período se iniciaron una serie de obras de infraestructura que fueron financiadas con deuda externa, la misma que cerró en abril del 2017 en $26.908 millones de dólares. Es decir, que si no hubiera existido el subsidio, las inversiones públicas se podrían haber financiado en un 86% con recursos propios, por lo cual la deuda externa hubiera representado tan solo el 3.8% del PIB.
De haberse dado esa situación, el riesgo país se hubiera ubicado en los niveles de los países vecinos, lo que hubiera permitido financiar la crisis originada por la pandemia sin acudir al FMI. En el gobierno de Lenín Moreno, el precio del petróleo estaba a la baja en los mercados internacionales, por lo cual los subsidios bajaron de manera importante.
Esta coyuntura quiso ser aprovechada por el gobierno para eliminar los subsidios, decretando en octubre del 2019 el fin de los mismos lo que originó, que los actuales organizadores de un nuevo levantamiento, hayan destruido bienes públicos y privados sin que hasta el momento la justicia haya identificado a los responsables, cuando fue público y notorio quiénes fueron los dirigentes que dirigieron los actos de vandalismo que el país observó con estupor.
Luego de estos hechos, el gobierno anunció un mecanismo para ir eliminando de manera gradual los subsidios ante el alza del precio del petróleo en los mercados internacionales. En el año 2020, el subsidio a las gasolinas desapareció arrojando un beneficio de $84 millones de dólares. En el primer trimestre del presente año, el subsidio reapareció ocasionando una pérdida de $54 millones de dólares. Con relación al diésel, el subsidio en el año 2020 fue de $290 millones de dólares, menor a los $778 registrados el año anterior. Sin embargo, al estar actualmente el precio interno del diésel por debajo del precio internacional, en los tres primeros meses del 2021, el subsidio ascendió a la cifra de $116 millones de dólares.
La situación por la cual atraviesa el país, demanda del gobierno reforzar el financiamiento y la cobertura de los programas sociales para proteger a las familias ecuatorianas que han sido severamente afectadas por la crisis sanitaria que ha impactado directamente en la actividad económica y en el empleo. Los subsidios en sociedades con grandes diferencias en el ingreso y el bienestar, como es el caso de nuestro país, son necesarios, en tanto y en cuanto sean focalizados, es decir, que lleguen a quiénes realmente lo necesitan.
Varios estudios han puesto en evidencia que el subsidio general a los combustibles beneficia en mayor grado a los sectores de mayores ingresos. Con estos antecedentes, queda claro que la movilización anunciada por una parte del movimiento indígena, en vez de contribuir a la solución de los graves problemas que enfrenta la sociedad, va a contribuir a que la situación interna se agrave aún más.
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