Bolivia: No todo lo que brilla es oro
El denominador común de los gobiernos llamados del Socialismo del Siglo XXI (SSXXI) es el de dejar a sus sucesores una herencia matizada de profundos desequilibrios económicos y financieros.
En el caso de Argentina y Ecuador, los gobiernos que heredaron el desbarajuste populista de largos años de gobierno del SSXXI optaron por aplicar políticas graduales para supuestamente corregir en el tiempo los desbalances. Al tomar esa decisión, no realizaron la magnitud de los problemas económicos, por lo cual, sus políticas de ir paso a paso corrigiendo los desequilibrios fracasaron, abriendo el camino, en el caso de la Argentina, para que regrese el populismo peronista-kirshnerista.
En el Ecuador, ha sucedido algo similar, la toma de medidas económicas se las pretendió aplicar mediante la presentación de leyes difusas, más endeudamiento externo, y una amnistía tributaria para recaudar más ingresos, mientras los problemas estructurales quedaban intocados. Después de haber transcurrido cerca de dos años y medio de gobierno, con la economía estancada y la disminución del empleo formal, el Gobierno como en el caso de la Argentina, decidió acudir por ayuda al FMI lo que añadió un ingrediente político a las decisiones económicas que no hubiera existido si las medidas correctivas se hubieran tomado al inicio del gobierno cuando el Presidente comunicó a los ciudadanos que la mesa no estaba servida.
El panorama político es incierto después de las revueltas del mes de octubre cuando se organizaron protestas y actos vandálicos en el país encabezados por el movimiento indígena por el alza del precio de los combustibles. Por lo cual, se corre el peligro que el discurso populista nuevamente cale en la conciencia de la población. Sobre Bolivia se ha hablado que el Gobierno de Evo Morales ha sido muy responsable en el manejo económico lo cual no es del todo correcto como veremos a continuación.
El caso de Bolivia es muy similar al de la Argentina y el Ecuador. Durante el período 2004-2017 la economía creció en 4.8% anual en promedio, acumulando reservas internacionales y fiscales debido a la prudente administración del incremento de precios de las materias primas en el mercado internacional. El desempeño económico de esos años, se reflejó en una caída dramática de la población que vive en pobreza extrema la misma que cayó a la mitad.
Sin embargo, luego de la caída de los precios de las materias primas en los mercados internacionales, Bolivia continuó expandiendo el gasto público ocasionando profundos déficits fiscales y en la cuenta corriente de la balanza de pagos, lo que ocasionó una importante pérdida de reservas y un incremento de la deuda pública.
El déficit fiscal del Sector Público No Financiero en el 2017 fue del 7.8% del PIB y se espera que en el presente año llegue al 8% del PIB. Los déficits registrados a partir del 2014 han sido financiados con crédito del Banco Central a las empresas públicas, la utilización de depósitos del Gobierno Central y préstamos externos.
La deuda externa bruta con relación al PIB llegó al 51% en el 2017, cuando en el año 2013 esa relación era de 37% del PIB. Las empresas públicas han incrementado de manera importante sus inversiones en proyectos industriales a pesar de la caída de los precios de las materias primas, lo cual ocasionó importantes déficits en el período 2015-2017 que fueron financiados con préstamos del Banco Central que alcanzaron el 13% el PIB a finales del 2017. Las reservas internacionales vienen bajando sostenidamente desde el 2015 cuando representaban el 39,7% del PIB, y se espera que el presente año esa relación disminuya al 19.5% del PIB con tendencia a continuar bajando.
Bolivia utiliza el tipo de cambio como ancla nominal manteniendo en 6.9 bolivianos por dólar con una inflación proyectada para este año de 4,0% anual lo que está afectando al tipo de cambio efectivo real y como consecuencia a la competitividad. Como es típico de los gobiernos del SSXXI la inversión pública es el motor del crecimiento económico.
Para el presente año se espera una inversión total equivalente al 22,9% del PIB de la cual el 12,4% del PIB corresponde a la inversión pública que será financiada con más deuda, ya que el ahorro interno llega al 15% del PIB. Con esas cifras, al próximo Gobierno le tocará poner la casa en orden, para lo cual deberá aplicar un programa de austeridad para reducir los déficits fiscal y de la cuenta corriente, lo que afectará al crecimiento y al empleo.
Con los ejemplos de Argentina y Ecuador, el nuevo gobierno de Bolivia deberá informar a los ciudadanos sobre la real situación económica del país, y aplicar de inmediato un programa de reordenamiento fiscal y monetario. Si por consideraciones políticas posterga las decisiones, el tiempo le pasará la factura y Evo estará de regreso más temprano que tarde y esta vez, para quedarse de largo.