Antes de que se inicie la cuarentena, acudí a una entrevista en un medio de comunicación, en donde hice conocer al público mis puntos de vista sobre la crisis que se avecinaba sobre el país como consecuencia de la pandemia y la caída del precio del petróleo. Decía, que se hacía necesario contar con recursos financieros para financiar la operación de contención de la enfermedad y preservar la balanza de pagos. En este sentido, sugerí que se convoque a los Embajadores de los países que forman parte del Club de París, y que en la actualidad son acreedores del Ecuador, para hacerles conocer que por la emergencia el país necesita reestructurar la deuda bilateral para acogerse a lo que se conoce como términos de Houston, tal como se hizo en el año 2000. Es decir, diferir el pago de la deuda a 18 años plazo con tres de gracia.
En esta reunión, se debía citar al Embajador de la República Popular de China, que a pesar de no ser miembro de dicha organización, asiste a las reuniones por invitación. Además, manifesté que la deuda con los tenedores de los bonos ecuatorianos, emitidos a plazos cortos y altas tasas de interés debía ser reestructurada, para lo cual se debía, a través de un análisis de sostenibilidad de la deuda, contando con el apoyo explícito del FMI hacer conocer a la comunidad internacional que la deuda tal como está estructurada es impagable. Este planteamiento, lo realicé basado en la frágil situación financiera y externa que exhibían las cifras oficiales. Bajos saldos en la cuenta del Tesoro, e insuficientes reservas líquidas.
A la vuelta de la esquina se encontraba un vencimiento de un saldo del bono emitido en el 2015 en el Gobierno anterior, y que en gran parte fue recomprado mediante la emisión de nueva deuda. La liquidez no alcanzaba para honrar el pago de capital, por lo cual el Banco Central entró al rescate con una operación a 30 días plazo poniendo el oro de la reserva en garantía y transfiriendo los recursos al Gobierno central. Al 13 de marzo el Banco Central registraba en sus balances un total de US1.126,0 millones en oro, y a la semana siguiente, el 20 de marzo, el saldo había bajado a $719,2 millones. Es decir $406,8 millones menos, que es el monto de la garantía para poder obtener los $300 millones.
Según funcionarios del Banco Central, esa operación se realizó para fortalecer la liquidez de la reserva, pero las cifras dicen otra cosa. Al 13 de Marzo la posición neta de divisas en la reserva ascendía a $1.787,9 millones, y luego de la operación el 20 de marzo la cuenta registró un saldo de $1.346,8 millones, es decir, $441,1 millones menos. La caja en divisas en ese período disminuyó en $380,5 millones. Es decir, que de acuerdo a los saldos de las cuentas de la Reserva, los dineros provenientes de la operación con oro, no se destinaron a incrementar las reservas líquidas, sino para fondear al fisco para que pague el capital de los bonos 2020. Al final del período, el Gobierno tendrá que devolver al Banco Central los $300 millones.
Esta situación demuestra la precariedad de la situación financiera del país, por lo cual, se requiere de manera urgente acordar con los Gobiernos acreedores una renegociación de la deuda bilateral en los términos del Club de París, y con los tenedores de los bonos llegar a un acuerdo para reestructurar la deuda que incluya ampliación de plazos, bajas tasas de interés, y en función del estudio de sostenibilidad de la deuda, quitas en el principal.
El Gobierno debería de inmediato acudir a expertos legales y financieros, para presentar una propuesta que permita disminuir sustancialmente el peso de la deuda externa que fue adquirida en el Gobierno anterior y a inicios del presente. Si el Gobierno no actúa con la rapidez que amerita la situación, una moratoria desordenada en el pago de la deuda es una gran posibilidad.