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Inoportuna decisión

En las últimas semanas, se afirmaba que el Ecuador había entablado conversaciones serias con el FMI para acordar un programa tendiente a revitalizar las reservas internacionales y restituir la liquidez interna. Una de las medidas que el gobierno tenía que tomar de manera inmediata para continuar las conversaciones con el FMI, era la de eliminar y/o reducir el subsidio a los combustibles importados para reducir las necesidades de financiamiento para el presente y próximos años. El gobierno tomó la decisión de subir los precios de los combustibles por etapas. Primero ajustó el precio a la gasolina de alto octanaje con el argumento que ese tipo de combustible es usado por los ricos que tienen carros de alta gama. Además, se garantizó públicamente que no se iban a modificar los precios de los otros derivados del petróleo. La medida pasó sin mayores problemas. Algunos usuarios de la gasolina sin subsidio, se pasaron a la gasolina Extra y la Ecopaís, aumentando su consumo y por lo tanto el subsidio que se pretendía reducir.



Ante esta situación, y para mantener las conversaciones con el FMI decidieron elevar el precio de las gasolinas de menor octanaje y anunciar que la comercialización del diésel pasaría al sector privado. Ardió Troya. Se iniciaron las protestas verbales, y los grupos de poder le exigieron al gobierno compensaciones, o mejor dicho subsidios por el impacto que tendría el alza de los combustibles en sus actividades. Así las cosas, el gremio de los taxistas logró un importante beneficio con respecto al precio de la gasolina que utilizan a diario, beneficio que tendremos que pagar los contribuyentes. Las empresas camaroneras y pesqueras obtuvieron su parte con el argumento que el alza de los combustibles les restaba competitividad. El gobierno cedió a la presión y nuevamente los contribuyentes tuvimos que abrir la billetera para financiar esa concesión. Estas marchas y contramarchas para eliminar un gasto tan regresivo como es el de financiar con dineros de los contribuyentes el diferencial entre los precios a los cuáles se importa los combustibles y al precio que se venden en el mercado local, paralizaron las conversaciones con el FMI. Vale recordar que el informe que la misión de técnicos del FMI que vino al país para hacer una evaluación de la economía de acuerdo a lo que establece el Artículo IV del Convenio Constitutivo, no se conoce hasta este momento, a pesar de haber transcurrido ya algunos meses.


Sin programa que discutir con el FMI había que inventarse el tema de las concesiones anunciando el traspaso a administradores privados de ciertas empresas públicas por lo cual, se recibiría ingentes cantidades de dinero que solucionarían la precaria situación financiera por la que está atravesando el fisco. Adicionalmente, por noticias de prensa se conoció que el gobierno con fecha 28 de enero del 2019, colocó en los mercados internacionales $1.000 millones a 10 años plazo y a la exorbitante tasa de cupón del 11% anual [1]. Es decir, que el Ecuador deberá pagar por concepto de intereses la suma de $110 millones al año, que en diez años significa cancelar $1.100 millones, que es una cifra mayor al valor nominal de la emisión. Dado los saldos precarios de la cuenta del Tesoro, esta nueva deuda no se utilizará para reducir el gasto improductivo, sino para financiarlo. El monto de la nueva deuda aumentará la relación deuda con el PIB en aproximadamente 0,9 por ciento.


Ante esta situación, los ecuatorianos responsables con el futuro del país, debemos decirle al gobierno que pare esta irresponsable política de endeudamiento demencial en donde se contrata deuda a plazos inadecuados y a tasas de interés prohibitivas.

Un punto que vale la pena traer a colación es que el riesgo país al día de la emisión se ubicaba en 672 puntos básicos (subió dos días después a 707 puntos básicos) y el rendimiento de los bonos del tesoro americano a 10 años se ubicaba en 274 puntos básicos. Sumados los dos indicadores se obtienen 946 puntos básicos equivalente al 9,46% de interés, que debería haber sido la tasa de cupón de la nueva emisión y no 11%. Es decir, que el mercado penalizó al Ecuador con una sobretasa de 1.5% para cubrir el riesgo reputacional producto del default del 2009. Mientras continúa el frenesí de adquirir más deuda, el gobierno se rehúsa a tomar medidas tendientes a reducir el tamaño del Estado. El Ministro de Finanzas continúa validando las políticas fallidas de sus predecesores, que incrementaron vertiginosamente el monto del endeudamiento público, postergando la implementación de una estrategia que conjuntamente con el reordenamiento de las finanzas públicas estimule la inversión y el consumo. Para lograr lo anterior se requieren de reformas estructurales que creen el marco institucional adecuado para retomar el crecimiento. Queda un poco más de dos años para que concluya el actual gobierno, y así como van las cosas, le tocará a un próximo gobierno asumir la no muy grata tarea de poner orden en casa. Qué dirán los ideólogos del SSXXI, que cuando llegaron al poder, gritaban a los cuatro vientos que la vida estaba primero que la deuda.






[1] Según anunció el Ministerio de Finanzas, la tasa de colocación de la nueva emisión fue de 10,75%, pero lo que no se informa es que la tasa del cupón fue de 11%, por lo cual los bonos se vendieron a un valor ligeramente mayor que su valor par. Por lo cual, es pertinente hacer una distinción entre lo que significa rendimiento (yield) y tasa de cupón. Se debe esperar a que los bonos se registren en la Bolsa de Luxemburgo para conocer la “Oferta Circular”.


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