El día de ayer martes 1 de octubre, el Presidente de la República en cadena nacional de radio, y televisión, anunció al país una serie de acciones a tomar para equilibrar el gasto público, generar empleo y poner la economía en marcha.
Una de las medidas anunciadas fue la eliminación del subsidio a las gasolinas y al diésel. Es importante que la ciudadanía conozca el impacto que ha tenido el diferencial entre el precio de venta interno de los combustibles importados y su costo de importación para que se tenga conciencia de que esta situación no podía continuar sobre todo en un país donde los ingresos del sector público no alcanzan para cubrir los gastos ocasionando por ende un incremento sostenido del endeudamiento público.
Para efectos del presente análisis vamos a tomar en consideración las estadísticas de los últimos diez años, es decir el período 2009-2018. En este lapso, el costo de importar gasolinas y diésel alcanzó la cifra de $34.383 millones que el gobierno ha tenido que financiar. A su vez, los ingresos por ventas internas de estos derivados importados llegaron a $16.042 millones, lo que significó que los ciudadanos, tengamos que contribuir con $18.341 millones para subsidiar el consumo de combustibles.
Esto ha significado un gran sacrificio para los contribuyentes, consuman o no combustibles, equivalente a un promedio de $1.834,1 millones anuales por diez años. Con esa cantidad de dinero, se podría haber construido las centrales hidroeléctricas sin necesidad de endeudar al país. Se podría haber construido cientos de kilómetros de carreteras sin acudir a los onerosos créditos brasileros y chinos. Se podría haber construido los hospitales que requiere el país en diferentes lugares de la patria que no cuentan ni siquiera con un centro de salud sin solicitar préstamos externos. Se podrían haber construido cientos de escuelas en sectores marginados por el poder público. No nos hubiéramos endeudado en la forma irresponsable que lo hicieron los gobernantes cuando cayó el precio del petróleo en el 2014 y se dio inicio a una nueva era de endeudamiento agresivo reditando lo que pasó en la década de los setenta del siglo anterior cuando se produjo el primer boom petrolero y que sumió al país en una crisis que duró por dos décadas. Es decir, que si se hubiera eliminado el subsidio a los combustibles como lo han hecho otros países, el Ecuador de hoy tendría una infraestructura económica y social adecuada financiada con sus propios recursos.
Además, en el presente análisis no se considera la venta de los combustibles que producen las refinerías del país, y que lo hacen a precios por debajo de los precios de mercado, ocasionándole a Petroecuador ingentes pérdidas de recursos que de otra forma se hubieran utilizado para invertir en la infraestructura petrolera y en la exploración y explotación de petróleo.
Por consiguiente, mirando hacia el futuro la medida anunciada por el gobierno es la correcta. En estos primeros siete meses del año, solamente en el diferencial de los precios de venta de los combustibles importados, los ecuatorianos hemos tenido a través de nuestros impuestos y de más endeudamiento financiar $623 millones para sostener los precios artificiales que benefician a unos pocos.
Ya se escuchan voces tempranas que argumentan que los precios de los artículos de primera necesidad subirán, y tienen razón, pero el incremento de precios se dará por una sola vez hasta que los precios relativos se ajusten, por lo tanto, en este escenario se debe considerar que la inflación mensual de agosto fue negativa en 0,10% y la acumulada para los ocho primeros meses del año se ubicó en 0,14% por lo cual el impacto en los precios será marginal, en cambio los beneficios a largo plazo que traerá aparejada la decisión tomada serán importantes.