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¿Terapia de Shock o Gradualismo?

Cuando un país está en crisis económica como es el caso del Ecuador, las recetas que se prescriben para solucionarla se ubican entre dos extremos, aquella que recomienda una terapia de shock para de una sola solucionar los problemas presentes sin consideraciones de su impacto social y político y la otra que sugiere ir paso a paso para gradualmente eliminar las causas que están ocasionando los desequilibrios económicos y financieros.



Dependiendo de la profundidad de la crisis, algunos economistas recomiendan aplicar medidas de ajuste drásticas para restaurar rápidamente los equilibrios macroeconómicos. Sin embargo, a los proponentes de dichas medidas se les endilga por parte de ciertos sectores de opinión el calificativo de neoliberales que se alinean a las políticas diseñadas por los organismos multilaterales a los cuales se los considera como defensores de los intereses de las oligarquías y aliados de las transnacionales.


Ante esta situación, los gobiernos, para evitar ser identificados como enemigos del pueblo y aliados de los poderosos, y a su vez para cuidar su capital político, deciden aplicar medidas graduales.

En ese momento, no son los economistas que calibran la intensidad de las medidas sino los asesores políticos en base de encuestas de opinión, por lo cual, a cuenta gotas, el gobierno dicta medidas que beneficiarán a los pobres y que supuestamente resolverán los problemas durante los cuatro años de duración del período presidencial, comprometiéndose además, dejar al final de su mandato una economía en pleno crecimiento. Para sorpresa de los asesores políticos, las medidas recomendadas no dan los resultados esperados. El déficit de las cuentas fiscales permanece intratable, así como las cuentas externas. Ante esta realidad, se suben los impuestos, se decretan amnistías tributarias con fines recaudatorios, se conceden generosos beneficios tributarios a la empresa privada con el objetivo de incentivar la inversión. Pero a pesar de las medidas, la economía continua estancada, lo que a su vez genera menos ingresos tributarios incrementando las necesidades de financiamiento por lo cual crecen los intereses que hay que pagar los mismos que no pueden ser cubiertos por el resultado primario del presupuesto incrementando el déficit global. Lo que pasa en realidad es que no se calibra la intensidad de las medidas con el argumento de que podría afectar a la población de menos recursos. Y así continua la marcha de las políticas graduales de baja intensidad que no consiguen reducir o eliminar los desequilibrios en las cuentas públicas.


Mientras tanto, la economía experimenta un lento crecimiento incrementando el desempleo y la informalidad. Los afectados con estas políticas de baja intensidad son justamente los sectores a los que se pretendía proteger.

Debido a los magros resultados, el capital político del gobierno se agota lo que vuelve sumamente difícil tomar medidas de ajuste drásticas para solucionar la grave crisis económica. En esa coyuntura donde casi todas las puertas para acceder a nuevos financiamientos están cerradas, al gobierno no le queda otra alternativa que acudir al FMI y a los demás organismos multilaterales para que le tiren una boya salvavidas. Tras algunos meses de negociaciones se llega a un acuerdo con el FMI y este aprueba un monto de préstamos para solucionar el déficit de las cuentas públicas, reforzar la reserva internacional y reducir las necesidades de financiamiento. Pero la condición para desembolsar los dineros prometidos el gobierno debe cumplir con una serie de exigencias que no se hubieran necesitado si se hubiera evitado ir por el camino de un gradualismo ineficiente causante del agravamiento de la situación de crisis.


Como no hay almuerzo gratis, ahora le toca al pueblo pagar la cuenta con medidas de ajuste que en el corto plazo van a ocasionar gran malestar especialmente en la población de menores recursos, que los asesores políticos causantes de la aplicación del plan a inicios del gobierno, anunciaron que iban a defender. En las actuales circunstancias no existe otra opción que acudir al FMI o continuar contratando deuda a tasas prohibitivas y con plazos inadecuados hasta que no se puedan honrar las deudas contraídas. El Ecuador dada la profunda crisis económica tocó la puerta del FMI y solicitó acogerse al programa denominado Servicio Ampliado Financiero debido a que en dichos programas el cumplimiento de las metas cuantificables deben de estar acompañadas con reformas estructurales. Es del caso, que en este tipo de programa un gobierno puede negociar con el FMI una dispensa al no cumplir con una o más de las metas cuantificables en tanto y en cuanto no afecten el cumplimiento del programa.


Pero las reformas estructurales que se han incorporado en el documento tales como la reforma tributaria, la reforma laboral y otras que deben constar en el mismo, son de cumplimiento obligatorio. Pero se debe tomar en consideración que la aprobación de estas reformas no está en manos del Ejecutivo sino de la Asamblea. Con un capital político diezmado y una Asamblea atomizada donde el gobierno no tiene influencia alguna, ¿tendrá el Ejecutivo la posibilidad de que la Asamblea le apruebe las reformas comprometidas? De no ser así, el programa quedaría inconcluso debiéndose regresar al gradualismo ineficiente de tapar un hueco y abrir otro, hasta llegar al final del período para que el próximo gobierno enfrente la situación heredada y pague el costo político debido a la aplicación de malas políticas económicas del anterior gobierno.

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