El Gobierno decidió la semana anterior eliminar los precios políticos que pesaban sobre las gasolinas y el diésel. Esta decisión, entre otras cosas, tendrá un impacto positivo en las finanzas públicas. El gobierno no tendrá que endeudarse para financiar la importación de derivados, y los contribuyentes no tendremos vía impuestos financiar el diferencial ente el costo de importar y el precio interno de comercialización. Esto último es lo que se denomina subsidio.
Para permitir la participación del sector privado en la importación de las diferentes gasolinas y diésel, el INEN debe establecer las normas de calidad de los productos que se traerán desde el exterior y el Comité Arancelario deberá aprobar una tarifa cero para los aranceles respectivos. Además en la ley que enviará el Gobierno a la Asamblea deberá constar un artículo que exonere de impuestos a la importación de derivados.
Con las medidas anteriores, cualquier persona natural o jurídica que desee importar combustibles deberá cumplir con la normativa anterior. Pero aquí en el Ecuador las cosas no son tan sencillas. El Estado a través de su enredada y complicada red de instituciones quiere estar presente para complicar la tarea. Es así como la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) informó que se requieren cuatro requisitos para que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, privadas, públicas o mixtas, puedan importar derivados. Siendo finalmente la ARCH la encargada de autorizar la importación. Los requisitos son los siguientes:
Tener autorización como comercializadora de derivados;
Hacer una solicitud al Ministerio de Energía para la importación.
Presentar los documentos que demuestren que la comercializadora cuenta con infraestructura propia o de terceros, registrada en la ARCH.
Contar con una memoria técnica descriptiva del proyecto.
Según la ARCH, esta misma entidad se encargará de determinar los volúmenes y precios de los derivados de los hidrocarburos que se podrán importar luego de un informe técnico emitido por Petroecuador, que fije la disponibilidad del producto y necesidades del mercado. Por lo tanto, superado los cuatro pasos anteriores, y previa la autorización por parte de la ARCH para importar, el empresario tendrá que esperar que Petroecuador en su informe “técnico” establezca el nivel de los inventarios del producto a nivel nacional y la demanda del mercado para establecer si se justifica la importación.
Con todas estas trabas burocráticas, de qué liberalización del mercado de combustibles estamos hablando cuando un grupo de burócratas quiere controlar desde el inicio la importación de los combustibles autorizando la operación y estableciendo cantidades y precios de acuerdo a sendos estudios técnicos.
Lo que se requiere es que las personas naturales o jurídicas que entren a este negocio cumplan con las normas de calidad internacionales y locales para traer al país productos de primera calidad que reduzcan la contaminación y aumente la eficiencia de los motores de combustión. La cantidad a importar será determinada por la demanda interna y el precio estará en función de los precios de cada producto en el mercado internacional. Ya que se pretende romper con el costoso pasado, la burocracia debe quitar las manos que atenazan la libertad de comercio y permitir la creación de un mercado de derivados competitivo y de alta calidad.