Se ha anunciado por parte del Gobierno que, en el mes de febrero del presente año, se enviará a la Asamblea la versión número dos de la Ley de Fomento Productivo para introducir reformas que modifiquen el marco legal e institucional para fomentar el crecimiento, el empleo y blindar la dolarización. El enunciado es el correcto, pero el contenido que todavía no se conoce ojalá no sea una nueva dedicatoria a los grupos de poder que en cada crisis, como lo registra la historia, obtienen prebendas que han tenido que pagarse con el sacrificio de todos los ciudadanos. Esto no puede seguir. Después de la generosa remisión dedicada a unos cuantos conglomerados, y la otorgación de subsidios a sectores que no los necesitan, se imponen reformas que permitan estimular el crecimiento y garantizar la estabilidad económica y financiera del país. Por lo cual, Ecuador Libre, ha propuesto un conjunto de reformas que permitirían sentar las bases de un nuevo modelo de crecimiento productivo. Entre ellas las siguientes:
1) Reforma Tributaria.
Esta reforma tendría como objetivo simplificar la legislación y eliminar una serie de impuestos distorsivos que afectan a la inversión productiva como el impuesto a la salida de divisas, el anticipo al impuesto a la renta, el impuesto verde, el impuesto a las botellas plásticas, entre otros. Los ingresos tributarios del Ecuador deberían depender de tres impuestos: El impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto a los consumos especiales. Con relación a este último, debería gravar únicamente a los bienes que se consideran nocivos para la salud, y no como mecanismo para disuadir el consumo, como por el ejemplo cuando se gravó con el 100% del impuesto a las cocinas de gas. Las tarifas de los diferentes impuestos deben guardar relación con el poder adquisitivo de la población y la generación de ingresos y beneficios de los empresarios. Finalmente, se debe eliminar la doble tributación que promueve el diseño de mecanismos de elusión y evasión tributaria. La propuesta es derogar la ley actual y elaborar una nueva que recoja los principios detallados en líneas anteriores.
2) Ley de Responsabilidad Fiscal.
Para garantizar la disciplina en el manejo de los recursos públicos, se debería adoptar una sola regla fiscal conocida como Balance Estructural complementada con el Presupuesto Base cero para planificar los gastos en función de los ingresos corregidos por el ciclo. Los superávits estructurales que se obtengan, serían parte del financiamiento del Fondo de Estabilidad Social y Económico que servirá como amortiguador en épocas de crisis, evitando someter a la sociedad a los dolorosos ajustes. Con esta reforma, no tendría sentido insistir en fijar un techo de endeudamiento con relación a la producción de bienes y servicios.
3) Reforma Laboral.
La legislación laboral del Ecuador como la de otros países de la región se sustenta a realidades que estuvieron presentes durante la primera revolución industrial y que han sido superadas en la actualidad. Por lo cual, la legislación actual se diseñó para proteger a los obreros de los abusos de los dueños del capital, para lo cual se redactó un articulado que volvió onerosa la contratación y el despido, afectando de esa forma a la generación de empleo formal. Por consiguiente, en la situación actual en donde el 60% de la población económicamente activa no tiene un empleo formal, se hace necesario flexibilizar la legislación laboral para estimular la generación de empleo y la formalización de las actividades de producción y comercio.
Estas tres propuestas de reformas que deberán ser aprobadas por la Asamblea, deberían estar acompañadas por una reforma arancelaria que tenga como objetivo bajar los aranceles de importación para disminuir los costos de producción del sector industrial y agrícola que dependen de insumos y bienes de capital importados. Así mismo se deberían eliminar las restricciones que pesan sobre el comercio exterior, dejando aquellas que estén vinculadas con la salud y la seguridad nacional.
Esta reforma recae en el ámbito del Ejecutivo, por lo cual se requiere solamente de la voluntad política del Presidente para ponerla en marcha.
Quedarían pendientes otras reformas que demandan construir consensos para su aprobación, como es el caso de aquella que hace relación con la Seguridad Social, y que es sumamente importante para la solvencia financiera del Estado en el largo plazo, y para garantizar los beneficios a los cuáles son acreedores sus afiliados y jubilados.
Estas propuestas de reformas son necesarias para estimular la reactivación de la demanda interna vía incremento del consumo y de la inversión, sin otorgar dádivas a sectores que no las requieren, y que tienen que ser pagadas por todos los ciudadanos.