De acuerdo al último Boletín Monetario de fecha 25 de octubre del 2019, los saldos de la Reserva Internacional, y de la Cuenta Única del Tesoro han disminuido sustancialmente si los comparamos con las cifras registradas al 30 de septiembre anterior.
El saldo de la Reserva Internacional ha disminuido en este período en $796,1 millones, y la posición neta de divisas bajó en $824,2 millones. A su vez, la Cuenta Única del Tesoro en este período disminuyó en $1.041,9 millones, con un saldo al 25 de octubre de tan solo $2.113,09 millones. En cuanto a la ejecución presupuestaria entre los meses de enero y septiembre del presente año, las cuentas públicas registraron un déficit global de $1.683,7 millones, lo que significó un crecimiento de $604,2 millones en comparación al déficit registrado durante el mismo período del año anterior.
El gasto público se incrementó en este periodo en $428,3 millones. A septiembre de 2019, el gasto corriente sumó $13.023,2 millones, representando el 78% del gasto público total. Este rubro en vez de reducirse, aumentó en $1.099,7 millones con relación al mismo período de 2018. El gasto de personal que representa el 51% de los gastos corrientes, se redujo tan solo en $87,0 millones. Por lo tanto, el ajuste está recayendo sobre los gastos de capital e inversión que se redujeron en $671,0 millones con relación al año anterior. Es decir, se incrementa el gasto improductivo y se reduce el gasto productivo que incide en el crecimiento del acervo de capital del país.
Ante esta situación precaria de las cuentas nacionales, el gobierno emitió un decreto eliminando el subsidio a las gasolinas y al diésel para recaudar en un año alrededor de $1.500 millones, medida que generó marchas de protesta, revueltas, vandalismo que pusieron en serio peligro la estabilidad política del país.
Luego de que se apaciguaron los ánimos, el Presidente envió a la Asamblea un proyecto de ley que reforma 22 leyes y que tiene como objetivo recaudar aproximadamente $750 millones en un año calendario, cifra muy inferior a lo que se requiere para ir poniendo las cuentas públicas en orden.
Algunos sectores políticos al interior de la Asamblea no están de acuerdo con la creación de más impuestos y amenazan con devolver el proyecto. Por otro lado, expertos constitucionalistas mantienen que el proyecto es inconstitucional al abordar más de un tema como manda la Constitución.
Así las cosas, con graves desequilibrios fiscales y externos, y con el mes de diciembre a la vuelta de la esquina en donde se tiene que cancelar además de la nómina, el décimo tercer sueldo y honrar obligaciones externas, al gobierno no le queda otra opción que continuar endeudándose en los mercados internacionales emitiendo bonos basura a altas tasas de interés y plazos cortos.
Más deuda significa mayores impuestos a futuro. Al rehusar pagar la cuenta de la farra de los 12 años, lo único que se está haciendo es postergar el ajuste, el mismo que llegará más temprano que tarde con un alto costo económico, social y político. La realidad es que la economía premia al que hace bien las cosas y castiga a los que violan sus reglas.