En los últimos días, los medios de comunicación han informado que el Gobierno está negociando con la China un nuevo endeudamiento por $1.400 millones con garantía de petróleo. Las autoridades económicas no han aceptado ni desmentido la noticia. Sin embargo, la respuesta a la noticia es simple y sencilla.
El Gobierno continúa gastando más de lo que le ingresa por lo cual tiene que endeudarse para cumplir con los gastos devengados. El saldo de la cuenta del Tesoro para los siete primeros meses del año promedia $1.153,0 millones al mes, lo cual es insuficiente para cubrir los gastos.
En estos primeros siete meses del año, el servicio de la abultada, costosa y mal estructurada deuda externa ha demandado recursos por $4.708,9 millones que se han financiado con $4.570,0 millones de nuevo endeudamiento externo. Queda claro, que sin ese flujo de recursos externos no se podría haber servido la deuda externa pública. Otro rubro importante que hay que tomar en consideración es el pago de la nómina del gobierno central, que promedia $727 millones al mes y cuyo monto permanece inalterable.
Finalmente, para la importación de derivados del petróleo en estos primeros siete meses del año se ha asignado un total de $2.619,2 millones. Por consiguiente, las decisiones que el Gobierno debería tomar para reducir el gasto público y eliminar el crecimiento de la deuda externa pública serían las siguientes:
Reestructurar la deuda externa comenzando con la deuda con China para liberar el petróleo que está en garantía, reduciendo los intereses y ampliando los plazos. Para proceder, el Gobierno debe hacer públicos los contratos de préstamos con China que permanecen ocultos para enmendarlos;
Reducir la nómina del sector público. Se requiere una profunda reestructuración de la administración del Estado para hacerla eficiente, utilizando tecnologías adecuadas para reducir el peso de la nómina;
Autorizar la participación del sector privado en la refinación e importación de derivados de petróleo. Esto eliminaría la carga financiera que tiene el Gobierno para importar gasolinas y diésel.
Con estas tres medidas, que no requieren aprobación de la Asamblea, sino simplemente la decisión política del Gobierno, se puede comenzar a poner orden en las finanzas públicas.