Finalmente la Asamblea aprobó la Ley de Fomento Productivo que supuestamente va a estimular la inversión privada; generar recursos extras para el fisco como consecuencia de las remisiones; estabilizar la economía mediante la aplicación de las reglas fiscales, y todo ello para lograr el crecimiento de la economía y la generación de empleo. Objetivos loables, pero que hasta el momento no convencen del todo al mercado. Si hubiera habido una reacción positiva de parte de los mercados, el riesgo país hubiera bajado sostenidamente. Sin embargo, desde la aprobación de la ley, este indicador ha mostrado inestabilidad en su nivel y la tendencia ha sido más bien al alza.
Entonces nos preguntamos, ¿Qué está pasando? Existe incertidumbre en los agentes económicos ante la ausencia de un programa económico con objetivos y metas claras que tenga el reconocimiento de los organismos internacionales para generar confianza. Mientras el plan económico espera, se anuncian medidas antes de su instrumentación. Se afirma que se convocará a un diálogo nacional para acordar la forma de focalizar los subsidios a los derivados del petróleo, en el entendido que la decisión de ajustarlos a niveles internacionales está tomada. También se anuncia por parte del encargado del Ministerio del Trabajo que se va a ejecutar un programa de pasantías para jóvenes que va a generar entre diez y quince mil puestos de trabajo mensuales para lo cual ya tienen un acuerdo con cincuenta empresas. Buen anuncio, pero las cifras no cuadran. En fin, existe incertidumbre por el lado económico y laboral y aparecen en el horizonte nubarrones negros ante el anuncio de movilizaciones para protestar por las medidas económicas que todavía no se toman. Estas acciones generan incertidumbre que a su vez se reflejan en los niveles de riesgo. Por lo cual, es sumamente importante que el gobierno ponga en conocimiento de la ciudadanía el contenido del programa económico que sirva como instrumento para negociar con los organismos internacionales de crédito el apoyo financiero que se requiere para financiar la ejecución del plan. Una acción de esta naturaleza incidirá positivamente en el nivel de riesgo país abriendo el camino para reestructurar la deuda externa en manos de los bonistas para bajar los costos financieros y ampliar los plazos. De esta manera se estaría enfrentando los problemas que tiene el país de una manera integral y no a retazos con políticas graduales que ocasionan más incertidumbre dada la timidez de las mismas.
Miremos lo que está pasando en la Argentina al no haber aplicado medidas tendientes a corregir rápidamente los desequilibrios fiscales; las distorsiones en los precios en los bienes y servicios públicos, y la desbocada emisión monetaria como consecuencia de la monetización del déficit fiscal. No se optó por ese camino, sino que a nombre de los que menos tiene, se optó por un tímido gradualismo que no solucionó nada y que más bien agravó la situación. Hoy los que menos tienen, ven cómo sus ingresos pierden poder adquisitivo por las devaluaciones sucesivas del peso alimentadas por la incertidumbre de lo que podría pasar y por la persistencia de los desequilibrios económicos.
En el caso del Ecuador con una economía dolarizada, no quisiéramos llegar al punto en el cual las líneas de crédito desde el exterior se cierren por completo y se genere una crisis de liquidez agravando la actual recesión y poniendo al fisco y al sistema financiero al límite de su sostenibilidad.
Por lo tanto, insistimos una vez más, que se debe actuar rápido, tomando las medidas adecuadas al margen del costo político que puedan tener en el corto plazo ya que, de no hacerlo, la situación se irá deteriorando aún más y el costo será mayor. Algunos analistas dicen que vamos en la dirección correcta, puede ser que tengan la razón, pero la velocidad con que se está avanzando no se compadece con la profundidad de los desequilibrios fiscales y monetarios que se deben solucionar.