El Acuerdo suscrito entre el Ecuador y el FMI contempla entre otros compromisos, diez y seis cambios legales e institucionales que deben implementarse durante la vigencia de los tres años del mismo. Entre ellos está la reforma al actual sistema tributario. En este sentido el documento mantiene que la reforma que se va a presentar a la Asamblea debe ser de amplia base, amigable con el crecimiento para mejorar la movilización de los ingresos a través del incremento de la eficiencia mediante la simplicidad y equidad, poniendo énfasis en los impuestos indirectos en detrimento de los directos para lo cual se deben restringir las excepciones y tratos preferenciales.
Esta reforma, según el Acuerdo, deberá rendir entre 1,5% y 2,0% del PIB para el 2021. Es decir, entre $1.600 y $2.200 millones al año. Algunos voceros del régimen han expresado que una de las revisiones que se están analizando es el incremento del IVA y gravar ciertos productos y servicios que han aparecido con la nueva economía digital. Ante la reacción de diferentes sectores de opinión, contrarios al incremento de impuestos, el gobierno dio marcha atrás, y el propio Presidente declaró que con relación al IVA, este gravamen no se va a tocar. Esta situación de anuncios y retiradas se está dando ante la ausencia de una estrategia comunicacional que mantiene en vilo al país con respecto al contenido de la reforma tributaria.
Vale la oportunidad regresar treinta años atrás, al año 1989, cuando el Gobierno de la época elaboró una propuesta para reformar radicalmente el sistema tributario del país, la misma que fue sometida a debate público por sesenta días, para que diferentes sectores de la sociedad civil efectúen sus observaciones. Además, el único portavoz autorizado para opinar sobre la propuesta fue el Ministro de Finanzas, quién participó activamente en diferentes foros organizados por asociaciones gremiales, sindicatos, universidades y otras organizaciones para debatir sobre el contenido del proyecto.
Como es lógico suponer en una sociedad democrática, se plantearon diferentes observaciones en torno al proyecto de reforma que enriquecieron su contenido. Transcurrido el plazo de discusión, el Gobierno anunció que el Ministerio de Finanzas se tomaría treinta días para presentar la propuesta reformada, incorporando las observaciones realizadas en los debates y que no alteraban el objetivo de la misma. Luego de ese plazo, se presentó el nuevo proyecto y se fijó en treinta días más el tiempo de discusión. Fueron días intensos. Los medios de comunicación intervenían activamente en el debate a través de editoriales, artículos de opinión, entrevistas, y el país se vio de pronto inmerso en un gran debate nacional. Cumplido el plazo, el gobierno a fines del año 1989, envió al Congreso Nacional el proyecto de ley de urgencia económica que reformaba el marco tributario en el país, y que ponía a su vez las bases para el cambio del modelo de desarrollo.
El Ministro de Finanzas continuaba siendo el único portavoz del gobierno, representándolo en los debates parlamentarios. Cumplido el término de ley, el proyecto fue aprobado por el Congreso y a inicios del año siguiente, el Ecuador contó con un marco legal que normaba la tributación bajo nuevas reglas. He traído a tiempo presente lo que aconteció hace treinta años atrás en 1989, debido a que el día de hoy acontece todo lo contrario. Me explico. No existe un solo vocero del gobierno que opine sobre el contenido de la reforma. Hay muchos interlocutores, que envían mensajes contradictorios que no ayudan en nada al propósito del gobierno de reformar el enredado y oneroso marco impositivo del país. A pesar de que no se ha hecho público el contenido del proyecto, ya se anuncia que en los próximos treinta días será enviado a la Asamblea para su discusión y aprobación.
Si esa es la decisión tomada por el gobierno, el proyecto de reforma enfrentará una seria oposición al interior de la Asamblea, ya que no se conoce cuál es el objetivo de la propuesta, cuál será su impacto no solamente fiscal sino en el crecimiento de la economía, y cuáles serán los sectores que más contribuirán con el pago de sus impuestos para financiar los desequilibrios presupuestarios.
Una reforma como la tributaria tiene un impacto importante en lo social y lo económico, por lo cual no puede ser elaborada a espaldas de los actores sociales. Por lo cual, si no se gana a la opinión pública a través del debate, un proyecto de esta naturaleza no será aceptado socialmente, originando a la vuelta de la esquina problemas políticos. Todavía tiene tiempo el gobierno de presentar su proyecto de reforma a consideración del pueblo ecuatoriano para escuchar las opiniones de los diferentes sectores y lograr acuerdos sobre los objetivos que se pretenden alcanzar con la nueva legislación. Solamente con una participación democrática, se podrá lograr la aprobación de una reforma de tanta trascendencia.