Se han lanzado cifras al aire sobre el monto del subsidio a los combustibles sin explicar la fuente de información. Si tomamos como referencia el período que va desde Enero del 2007 hasta Octubre del presente año, período de los gobiernos de Alianza País, el diferencial entre el costo de importar combustibles y el precio de venta interno, da un total de -$25.443 millones. Es decir, que el Gobierno ha estado vendiendo combustibles en el mercado interno a precios menores de lo que cuesta comprarlos en el exterior. Ese diferencial ha tenido que ser financiado ya sea vía mayores impuestos y/o endeudamiento público, lo cual ha significado una menor disponibilidad de recursos para financiar, por ejemplo, los programas sociales en educación y salud principalmente.
La generalidad de los ecuatorianos está convencida que los subsidios no tienen costo alguno para la sociedad y por lo tanto no deberían eliminarse. Hay una frase atribuida a un gran economista que mantenía que en la economía no hay almuerzo gratis, alguien tiene que finalmente pagarlo. Este es el caso de los subsidios a los combustibles. Por lo tanto, los contribuyentes deben pagar el diferencial, ya sea cuando adquieren productos y servicios que están gravados con el IVA e ICE o cuando pagan el impuesto a la renta. Todo estudiante de economía sabe que los recursos son limitados y las necesidades infinitas, por lo cual, se deben definir las prioridades para asignar eficientemente los recursos disponibles. Más aún, en un país con altos índices de pobreza, la inversión social se convierte en la prioridad número uno. De ahí, que los subsidios deben llegar a los sectores de la población que los necesitan. Eso se llama focalización. De otra manera se están asignando recursos a sectores que no los necesitan. Esto es lo que acontece con los combustibles.
Sin embargo, el Gobierno en el ajuste anunciado de los precios de las gasolinas continúa aplicando la vieja fórmula de la discrecionalidad, por medio de la cual, sin ninguna referencia técnica, se decide aumentar sus precios de comercialización. Es el momento de tomar decisiones cruciales para dejar atrás el subsidio generalizado de los combustibles. Una de ellas es permitir al sector privado que importe combustibles y los comercialice (no solamente el diésel industrial), para ello se debe establecer una fórmula que permita establecer el precio a nivel del consumidor en función del precio del crudo en los mercados internacionales y en los costos internos. Con esta política se liberarían recursos fiscales y las necesidades de financiamiento del sector público disminuirían. Además, el crudo que entrega Petroecuador a las refinerías para que produzcan ciertos derivados se haría a precio internacional, por lo cual, se incrementarían los ingresos de la empresa estatal para ampliar sus inversiones en exploración y producción de petróleo. No es posible que en estos doce años, como consecuencia del diferencial de precios entre los combustibles importados y su venta interna se hayan destinado recursos equivalentes a los ingresos petroleros, tributarios y no tributarios de la proforma presupuestaria del año 2019. Si el Gobierno decide mantener el subsidio del gas de consumo doméstico, lo puede hacer utilizando para el efecto el registro de las familias que reciben el Bono de Desarrollo, para que la asistencia llegue a los sectores menos favorecidos de la sociedad.
Estas medidas, deberían estar acompañadas con la eliminación de una serie de impuestos distorsivos que reprimen el consumo, el ahorro y la inversión. Es el momento de tomar decisiones que trasciendan y que no miren de manera parcial el corto plazo. El ajuste fiscal, debe estar acompañado con medidas que estimulen el crecimiento económico y refuercen el financiamiento de los programas sociales.
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