Nadie cuestiona en la actualidad, que nuestro país requiere de una profunda reforma a su sistema impositivo, debido a que en los últimos doce años, el mismo ha estado sujeto a una serie de enmiendas inconexas que se han incorporado a través de distintas leyes que han complicado su aplicación y desarticulado la normativa. Por lo tanto, se hace necesario una reforma tributaria para mejorar el patrón distributivo de las cargas públicas, reduciendo la regresividad y haciéndola cada vez menos distorsiva. Con demasiada frecuencia en nuestra historia reciente, se ha intentado solventar las tensiones sociales, atender los compromisos políticos y satisfacer las demandas de los grupos de poder mediante cambios en la normativa tributaria, confiriendo a esta una complejidad tal que hace difícil conocer sus efectos últimos, su correcta aplicación y su administración.
Es cierto que un sistema tributario debe ser equitativo pero también razonablemente sencillo, estable y neutral. Por lo tanto, se hace necesario confluir tales atributos como condición para tener un sistema eficiente.
Una reforma tributaria va más allá de la fijación de las tasas impositivas, supone algo más. Supone el reconocimiento de los derechos del contribuyente en paralelo con la exigencia de sus obligaciones. El derecho a ser correctamente informado y atendido por la administración tributaria; el derecho a obtener una pronta y justa resolución a sus reclamaciones y el derecho, fundamental en toda sociedad democrática a que se le ofrezca cuenta cabal del destino de los recursos públicos y garantía de su utilización eficaz. El sistema impositivo precisa un replanteamiento de cara a alterar la distribución de la carga tributaria. La escualidez crónica de la imposición sobre la renta, el vacío legal de las bases a través de la multiplicación de exoneraciones y bonificaciones, la construcción objetiva y recíprocamente inconsistente de los distintos tributos, su hiperlegalismo y complejidad procedimental obligan a su replanteamiento. El propósito de disponer de una hacienda moderna servidora de nuestro sistema democrático pasa necesariamente por una reconsideración de sus piezas para plantear una reforma amplia del conjunto tributario.
Cualquier planteamiento sensato de reforma tributaria, no podría realizarse contando exclusivamente con la voluntad del gobierno. Esto constituye sin duda un dato importante, en ocasiones quizás decisivo, pero desde luego no el único. La reforma no puede hacerse en abstracto con referencias puramente académicas o ni siquiera comparadas. La reforma, si se pretende cabal, debe hacerse contando con la realidad de nuestra sociedad que es donde los impuestos deberán operar. La presión fiscal y la propia distribución de la carga tributaria constituyen datos socio-políticos que difícilmente pueden alterarse de manera súbita sin ocasionar trastornos de diversa naturaleza.
Las líneas de fuerza para realizar una reforma tributaria, apuntan a tener un sistema sencillo para lo cual se requiere simplificarlo drásticamente puesto que ningún elemento de su actual complejidad cabe explicarlo desde otras exigencias del sistema. Se debe reducir el número de tributos, simplificar al mismo tiempo la configuración de cada uno de ellos, rebajar drásticamente la carga tributaria. Así mismo, el sistema debe tender a ser más neutral eliminando exenciones y bonificaciones, y en definitiva aproximando las bases fiscales a la realidad socio económica. En definitiva, tal tendencia debe acompañarse de una paralela reducción de las tasas legales de los distintos tributos para adecuarlas a la verdadera realidad contributiva de los distintos sectores que conforman la sociedad. De esta forma se reducirán sensiblemente las distorsiones que genera el sistema tributario vigente.
El nuevo sistema debe configurarse con coherencia interna, como un auténtico sistema que no es mera agregación de piezas, sino un conjunto de instrumentos relacionados en que cada uno tiene su cometido y lo que en último término importa no es el resultado aislado de cada tributo sino el resultado del conjunto sobre los contribuyentes y la economía. Este es el concepto que debe primar cuando se plantea una reforma a la normativa tributaria.
Por lo tanto, una reforma impositiva no es sólo una pieza normativa que se configura desde presupuestos técnicos, es bastante más. Ningún sistema tributario puede realmente enraizar en un país sino es plenamente entendido y socialmente aceptado, lo que debe de constituirse en el objetivo central del proceso de reforma. Un paso importante en esa dirección lo constituye una buena comunicación entre el gobierno y la sociedad civil, de forma que se conozca en cada momento qué es lo que el gobierno quiere, cuáles son las claves de su política tributaria y que se pretende hacer con el dinero que se solicita a los contribuyentes. Un buen sistema de comunicación se produce no sólo mediante la presencia de los responsables de la hacienda pública y sus apoyadores en los medios de comunicación, sino difundiendo el propósito de las reformas al cuerpo social a través de seminarios, conferencias, publicaciones etc. En esta línea, la colaboración de las Universidades, Colegio de Profesionales, Asociaciones empresariales, Sindicatos, resultará de gran beneficio. Es imprescindible explicar y hacer comprender la reforma que se pretende. Por lo cual, si no se gana la batalla de la reforma en la “calle”, el resultado de la misma será incierto.
Reduciendo la carga impositiva y haciéndola simple de aplicar y administrar, el sistema tributario tendrá un impacto positivo sobre el ahorro y la inversión, y por lo tanto en el crecimiento de la economía. Es absurdo e ingenuo pensar que los impuestos son agregados aritméticos, que si se eliminan o bajan impuestos las recaudaciones se verán afectadas en la misma proporción. La evidencia empírica demuestra lo contrario, la racionalización del sistema tributario estimula el crecimiento y por lo tanto incrementa la recaudación. Además, un sistema tributario con cargas impositivas adecuadas para la realidad socio económica de un país, estimula la formalidad, impulsando la creación de nuevos emprendimientos generando empleos adecuados. Finalmente, de acuerdo a los compromisos asumidos por el Ecuador en la carta de intención suscrita con el FMI, la reforma tributaria que contempla el programa y la actualización de los mecanismos de presupuestación y control del gasto público, no son en lo absoluto piezas independientes. Se trata más bien de mecanismos distintos pero complementarios, son partes de un mismo proceso.
Por lo cual, las reformas al sistema impositivo, a las políticas fiscales y a los procesos de presupuestación se constituyen en un imperativo en la presente coyuntura las mismas que deberían considerar para su elaboración los lineamientos expresados en la presente presentación.