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No era un jacuzzi

Imagina que tienes un restaurante, por decir algo. De repente, se aprueban leyes. Primero te regulan qué ingredientes usar, luego qué platos vender, a quién vender, cuánto cobrar, a quién contratar y cuánto pagar, etc. Para colmo, te suben los impuestos si te va demasiado bien. Te dejan disfrutar un porcentaje de ganancias, sí. Pero la porción variará año a año, según las urgencias fiscales del Gobierno. ¿No es eso una forma de expropiar disimuladamente tu negocio?



¿Quién termina siendo el dueño en tales circunstancias? ¿Quién es el administrador?, ¿quién manda y quién responde? Actualmente, para muchos sectores en Ecuador, como la banca y las telecomunicaciones, la respuesta a esa pregunta es difusa.


Con el Código Orgánico Financiero y Monetario, el Estado se convirtió en coadministrador de la banca. La Junta creada por dicha norma adquirió un poder sin precedentes. Dos ejemplos vívidos: dicho órgano puede, por un lado, dirigir la gestión de la liquidez de los bancos privados, tomando en cuenta para ello fines políticos antes que los intereses de los depositantes. Por otro lado, también puede obligarlos a conceder préstamos a determinados sectores empresariales que los tecnócratas estimen pertinentes por toda clase de consideraciones etéreas. ¿No es eso apoderarse de la esencia del negocio financiero? Y, encima, quienes responden por los eventuales errores del poderoso buró son los administradores y accionistas de las entidades bajo su control.


Esto se suma a normas que permiten regular salarios de los ejecutivos y ponen severas restricciones a los accionistas. Por último, con las recientes reformas tributarias, el Estado se termina quedando con 7 de cada 10 dólares que ganan los bancos, carga fiscal que sería considerada confiscatoria en otros países.


Otro caso: las telecomunicaciones. Junto con el sector financiero es el más regulado del país. Luego de multas absurdas por cientos de millones, trato discriminatorio en la asignación de espectro radioeléctrico, etcétera, al Gobierno se le ocurrió que había que castigar también el éxito. Impulsó un impuesto con dedicatoria, que sube en función de la cuota del mercado que tenga la operadora de servicios de telecomunicaciones. Es decir, mientras más clientes atraigan, más pagan. Un tributo a los ingresos, ya ni siquiera a la utilidad, y una subida solapada de regalías. Dicen ellos que es para “promover la competencia”, pero llevo tiempo estudiando y enseñando Derecho de la Competencia: esto resulta incoherente con los cánones básicos de la materia.


No me sorprendería ver demandas internacionales en el futuro. En el Derecho comparado este tipo de prácticas se conoce como “expropiación indirecta”: cuando un Estado impone medidas que interfieren significativamente en el ejercicio del derecho de propiedad, restando espacios tradicionales de autonomía a los propietarios –o incluso apoderándose confiscatoriamente de parte sustancial de sus utilidades– sin que medie declaración formal de expropiación.


En esto el correísmo ha superado al chavismo, alcanzando mayor efectividad. Acá no tenemos personajes caricaturescos vociferando “exprópiese”. Aquí se hierve al sector privado a fuego lento, con sazón tecnocrática, añadiendo toques de demagogia y arbitrariedad al gusto del Mashi. Algunos empresarios pensaron que se trataba de un plácido jacuzzi mientras rodaba el champán del petróleo, pero en verdad estaban siendo cocinados para el final de la fiesta.


El ciudadano común no está pendiente de quién acumula riqueza en "exceso", sino que quiere tener la oportunidad de acumularla para sí mismo.
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